El día de ayer circuló en redes sociales la carta de una
persona afectada por el secuestro de una familiar. La carta afirma que la
familia ha tenido que irse del estado por la inseguridad y critica la
insensibilidad del Gobernador Graco Ramírez al desmentir por el mismo medio el
hecho mencionado, lo que hace especial énfasis a la forma en que esta
administración usa las redes, pero eso será tema de otro comentario.
Esto también toma relevancia porque fue ampliamente
difundido, al punto de que la Procuraduría General de Justicia emitió un
comunicado afirmando que no cuentan con ninguna denuncia al respecto.
Aquí viene lo interesante. La única herramienta con la que
cuenta la autoridad para hacer valer la ley es la denuncia. No hay de otra. Si
algún ciudadano es víctima de un delito, el estado no tiene la obligación ni la
capacidad de saber o conocer que, por ejemplo, fuimos asaltados en nuestro
hogar, o que una mujer fue golpeada por su pareja, o incluso si fuimos
amenazados en una riña, etc.
¿A qué hemos llegado como ciudadanos? Si bien somos muy
duros críticos de las ineficiencias de los gobiernos, de su inexperiencia o
ineptitud (porque nos afecta a todos), también es cierto que a los ciudadanos
nos falta mucho en nuestro ámbito de competencia. Y los medios locales no
ayudan mucho con el manejo de la información.
Aquí vendría bien hablar sobre la animadversión que generan
las instituciones, la desconfianza, el miedo de saber que los mismos
secuestradores pueden estar ahí o tener lazos con los funcionarios públicos
responsables de la impartición de justicia, las represalias o los famosos
“pitazos”.
Todo eso es cierto, pero también los resultados; y esos están a la vista de todos. Tampoco podemos
ver todo el panorama negro. Es verdad que se han desmantelado bandas y que se han liberado
víctimas de secuestro. Sólo veamos el engrosamiento de la población de
Atlacholoaya por este delito. Este también es otro tema… pero ahí está.
Sin embargo, ¿Creen que es válido lanzar una carta abierta
por redes sociales con una crítica al Gobernador por desmentir un hecho real,
cuando no se levantó una denuncia, por lo tanto, él no tenía conocimiento del
mismo? ¿Podemos exigir justicia sin hacer la parte que nos toca?
El sentimiento de la familia afectada debe ser tremendo: Nos
vamos, no queremos saber nada de este estado ni de nadie. Vámonos. Y es
comprensible, pero de nuevo, si vamos a hablar, tendríamos que hacerlo de una
forma que ayude a combatir el problema.
Algo tan doloroso como un secuestro, tan desgastante, tan
terrible y desgraciadamente tan común debería unirnos para erradicarlo. Si
desgraciadamente nos pasó (toquen madera) debemos hacer lo posible para que no
le pase a otra familia.
A continuación ponemos los documentos en cuestión para
formen su propia opinión de los hechos.
¿Ustedes qué opinan?
*Toda nuestra solidaridad a la familia afectada. Mucha
fuerza para retomar sus vidas y pasar el trago tan amargo.
Les comparto la carta de la familia afectada:
El tuit de Graco al respecto:
Carta de la PGJ:
Cuernavaca, Mor., a 31 de julio de 2013.
LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE MORELOS
I N F O R M A:
Hasta el
momento ésta Institución no ha recibido denuncia alguna por el presunto
secuestro de una alumna del Colegio Marymount de Cuernavaca, como se difunde a
través de redes sociales.
Es por este motivo que el Ministerio Público está impedido
para llevar a cabo las investigaciones pertinentes por un delito que por
disposición expresa de la ley se requiere la denuncia formal.
Sin embargo, esta Representación Social hace un llamado a la
familia afectada para que en caso de haber ocurrido una privación ilegal de la
libertad, presente la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, con
la seguridad de que se actuará de inmediato y llevar el caso más allá que
hacerlo público en las redes sociales.
Cabe mencionar que la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos logró resolver 98 de las 112 denuncias por secuestro presentadas de enero a julio de este año, junto con la liberación de 95 víctimas y la detención de 63 presuntos plagiarios.
Es así como el Gobierno de la Nueva Visión asume su responsabilidad a favor de la seguridad de los morelenses, al combatir el delito de secuestro con un alto índice de eficacia.
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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