29 noviembre 09
Javier Jaramillo Frikas
Columna
Prohibido Prohibir
Y la amarga, triste, amplia posibilidad que la actual legislatura sea cómplice
Los diputados locales conocen una pequeñísima parte de las tropelías de Javier López Sánchez, el cada vez más poderoso ex coordinador de asesores y comunicación política del actual gobierno encabezado por Marco Adame. Tienen los legisladores evidencias de millonarias cantidades que López Sánchez no ha acreditado. Y se trata de una sola dependencia del ejecutivo, porque se acredita lo que siempre se dijo en esta columna: no había funcionario, del cualquier rango, que no se sometiera a las palabras clave del popular Chabelo: “son órdenes del señor gobernador”. Lo hizo “a nombre de” normalmente, aunque solo un iluso creería que no agarro para sí. Y más ilusos los que piensen que su tranquilidad desde la aparente fría “banca política” se debe a su limpia conciencia. Hay cómplices, no muchos. Y lo hemos anotado aquí: el doctor Adame tiene que estar enterado. Otra cosa es improbable en estos niveles de la administración y la política.
Estamos hablando de una cifra aparentemente ridícula con lo que pronto podremos acreditar se llevó en las alforjas el aparentemente cesado funcionario. Son 60 millones en dos partes. Treinta y treinta. En dólares, más o menos 5 millones para los que gustan contar en inglés. Tienen los elementos los legisladores. Desde aquí le enviamos mensaje a cada uno de ellos: ¿Van a ser cómplices de un robo al dinero del pueblo que podría ir desde los mil millones de pesos a los tres mil millones de pesos anuales en los últimos 3 años? Se lee exagerado. Pero si la sola coordinación de Comunicación Social gastaba entre 330 y 420 ó 600 millones de pesos en un año, súmenle el diezmo de cada obra en Ceama, en la secretaría de Obras Públicas, en las áreas de administración de Seguridad Pública, la Procuraduría, la secretaría de Educación Pública y, quizá, la mismísima secretaría general de Gobierno, que sería la de menores recursos por sus características.
¿Qué cómo le hace Comunicación Social para justificar los “pobres” 35 millones que autoriza el Congreso? Lo saben los diputados actuales y los anteriores: todas las secretarías y organismos tienen rubros para Imagen y Difusión que pueden acercarse al presupuesto de CS o rebasarlo. El Crimen Perfecto. “Te doy, legalmente 35 pero puedes gastarte 500 ó 600 millones al año”. Así de sencillo e impune. Y, todo indica, los cómplices se preparan en el edificio de Matamoros y les pagamos los morelenses para que protejan nuestros intereses.
No es exageración. Los diputados locales tienen a la vista “la punta del iceberg” y cuando menos uno de los 30 tiene que hablar al respecto. Cuentan con elementos desde hace semanas, antes de la Excursión a Colombia, donde incongruentemente no fue ningún funcionario policiaco, de procuración o administración de justicia, a lo que presuntamente acudían. La comitiva fue integrada con cuidado: coordinadores de fracciones y presidentes de estratégicas comisiones como la de Presupuesto Público (que comanda Rabín Salazar Solorio, un personaje habrá ocasión de dar detalle por qué no es lo que muchos creen, y para muestra basta echar un ojo a la actual administración municipal de Jiutepec. Es impresionante que su equipo, todo junto con la familia, repartan la mitad de la cartera. Para Rabín imposible querer ser candidato a gobernador: el peso de su tarea en los últimos seis años lo aplastará. Y si no al tiempo. Ese es un tema comprometido con los lectores amables) ¿Qué platicaron en tierras colombianas legisladores “estratégicos” con el gobernador Adame. No lo descarten: El Caso Chabelo estuvo incluido. Es un elemento de fuerte negociación, con olor a tajadas poderosísimas de poder y dinero.
Lo dejamos impreso en este espacio no hace mucho: está la aceptación tácita de funcionarios estatales que en Comunicación Social gastan entre 30 y 35 millones de pesos. Si es la primera cantidad en 2008 salieron 360 millones de pesos. Si fue la segunda 420 millones de pesos. El actual, año electoral, seguramente hubo un gasto mayor que, tranquilamente puede llegar a los 600 millones de pesos. No son cuentas alegres. Solamente de marzo a julio de este año, en cuatro empresas de comunicación estatal, Javier López autorizó cerca de 50 millones de pesos.
Los legisladores locales tienen ya elementos en una “pobre” suma de 60 millones de pesos, “sin rascarle”. ¿Se atreverán a cruzar la línea obligatoria del deber? ¿O se quedarán como pobres convidados y cómplices de los que les arrojan migajas de abrazos, guiños y palmadas? Cuando escuchamos, vimos y leímos la indignación del diputado Fidel Demedicis Hidalgo, por el viaje a Colombia, quisimos imaginar que ni él ni otros tantos diputados han sido informados del “Gran Hoyo Negro con Destino” (porque si se perdiera sería otra la perspectiva) de Comunicación Social en tiempos de López Sánchez. Si los diputados determinan rascar ahí, el túnel los llevará hasta Casa de Gobierno a pesar del sinuoso terreno de Cuernavaca.
¿Lo harán o serán cómplices temerosos, silenciosos, silenciados o comprados?
Otro punto de reflexión:
¿Es posible que con tanto dinero gastado la imagen del gobernador Adame se encuentre tan golpeada y una prueba de ello fueron los resultados del 5 de julio que dejaron al PAN casi sin nada?
¿O se junto La Gran Maleta desde la Gran Bodega?
La semana “parada” del que escribe ha servido para documentar a colegas de otros lugares sobre el tema. Por si las moscas…
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