Jaime Álvarez Cisneros mandando "becho" a sus fans
La Unión de Morelos
Prohibido Prohibir
Viernes, 03 de diciembre de 2010
Javier Jaramillo Frikas
Bueno, Jaime Álvarez Cisneros, en la función que se encuentre, ha sido cliente frecuente de esta columna normalmente en términos nada positivos porque no tenemos una sola cosa que lo distinga y se pueda compartir con los amables lectores. Jaime Álvarez, hoy diputado federal, ayer legislador local, anteayer y este día dirigente de la franquicia de Convergencia, mañana al mando de la misma por instrucciones de su cercanísimo Dante Delgado, dueño nacional de la empresa.
Pues Jaime ha logrado elaborar un equipo reducido pero equipo al fin, en el que podríamos decir que hay varios que cuentan con herramientas para defenderse en la vida pública. Les ha hecho sentir que sin él no son nada, que están perdidos, que lo necesitan para seguir en la comodidad de la burocracia. Su más cercano es a quien le encarga pondrá a afirmar como presidente de la franquicia, con derecho a firma pero no a percepciones, se llama Luis Machuca, el mismo que puso a su señora madre como candidata a diputada local en la primera posición en la pasada legislatura y él, conchuda y cínicamente, como suplente. La señora filialmente dio el espacio a su hijo.
A Jaime lo contratan para enviar misiles que normalmente no tienen más efecto que enojar, porque no lastiman. Carece del tamaño moral, social y políticamente que su función mercenaria es tan inútil como su trabajo legislativo. Es, desde hace años que fue enviado como embajador en Morelos de Dante Delgado y su franquicia color naranja, una carga porque no sólo ha traído de quién sabe dónde a gente extraña, sino quita percepciones a los verdaderos morelenses. Sus colaboradores son a semejanza y el sello inconfundible de sus más cercanos como Machuca o el ex regidor en Cuernavaca, Manuel García Quintanar. Es el cinismo.
Jaime tiene a través de una persona tan cercana a él, que viven en la misma casa y, quizá, en la misma habitación, una empresa comercial. Cuenta con dos empleados que devengan 20 mil pesos mensuales por vender los servicios de este negocio, a éste reportan todos los días. Pero no cobran ahí: lo hacen quincenalmente en el Congreso en el rubro de Asesores de Convergencia. Cuestión que alguien lo quiera examinar, que pregunten en el Congreso con el personal cercano. Ya lo verán. Ése es Jaime Álvarez Cisneros, adalid de la democracia, un verdadero capitán de un equipo que entra a la cancha con nueve expulsados y dos amonestados.
La siguiente nota apareció en abril del 2008; es solamente un lunar de tantos que tiene don Jaime y su banda.
Termina en juicio penal solicitud de información en Morelos
El Universal
Miércoles 16 de abril de 2008
El ex Secretario Técnico del Instituto Morelense de Información Pública, Manuel García Quintanar, paga una caución para enfrentar una acusación por presunto ocultamiento de información sobre administración de dinero por parte del Poder Judicial de este estado.
Una solicitud de información para conocer los préstamos a jueces y magistrados del estado, le costó al ex Secretario Técnico del Instituto Morelense de Información Pública (IMIPE), Manuel García Quintanar, un proceso penal que lo tiene al borde de la cárcel.
Para evitar ser detenido depositó una caución de 80 mil pesos y así enfrentar una denuncia por presunta violación a una suspensión provisional, que promovieron administradores de la justicia para no entregar la información requerida.
De acuerdo con el expediente RI/024/2005-I la denuncia en contra de García Quintanar fue presentada en septiembre de 2005 por el director del Fondo Auxiliar del Poder Judicial de Morelos, Eduardo Barrera Orihuela. Desde entonces García Quintanar, actual regidor de Cuernavaca, libra una batalla legal para no ser detenido.
El litigio inició en febrero de ese año cuando un particular solicitó información respecto de algunos préstamos personales de los Consejeros de la Judicatura, magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia de Morelos por montos de hasta 70 mil pesos, provenientes del Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia. Esos préstamos, según la revisión del Fondo, eran posteriormente condonados.
La información le fue negada al particular y el pleno del IMIPE, ante la fe del Secretario Ejecutivo, Manuel García, ordenó -en abril de 2005- al Secretario del Consejo de la Judicatura y a los directores de Administración y el del Fondo Auxiliar entregar la información solicitada por el particular. Pero los funcionarios del Poder Judicial mantuvieron su negativa y ello motivó que el IMIPE inhabilitara por siete años a Eduardo Barrera Orihuela como Director del Fondo Auxiliar.
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