¿El Operador Fantasma?

CS

21 sep 09

Javier Jaramillo Frikas

Columna

Prohibido prohibir

 

Javier López Sánchez, presunto ex coordinador de Asesores y Comunicación Política sigue en funciones. No a la vista, tampoco en la nómina, pero opera acciones a favor del gobernador Marco Antonio Adame en su batalla contra 24 legisladores que, para su fortuna, ni cuenta se han dado de ello. Cómodo, sin ofrecer el rostro a sus detractores de adentro y afuera, López Sánchez manda en muchas oficinas del gobierno. Con una ventaja adicional: a nadie se le ha ocurrido exigir cuentas de los millones y millones que gastó de más y menos, mucho menos, de sacar a flote los otros negocios, los verdaderos, los de los porcentajes en obras y de proveedores. ¿Jugada magistral? ¿Robo perfecto? Todo indica que así es.

En el maremagno generado por los resultados del 5 de julio, la nueva composición política en el Estado, los movimientos en cada uno de los poderes que forman el gobierno, tal parece que el increíble robo al erario cometido por funcionarios del gobierno de Morelos como Javier López Sánchez, fue una ocurrencia estudiantil. Ningún diputado de nuevo ingreso lo ha tocado, a nadie parece interesarle, ocupados como están en jugar al legislador. Y estamos hablando que el año pasado se gastaron 116 millones de pesos. Y este, seguramente, la cifra fue rebasada. La cosa sigue igual: si revisan los medios impresos y electrónicos de la ciudad de México y locales, si hacen cuentas, se van a asustar del despliegue económico que ha costado ofrecer una imagen hacia afuera de un gobernador sumamente fuerte, con una entidad tranquila, en desarrollo y santa paz.

Ni la Gran Fiesta que los gobernadores hacían en su presencia en el Congreso para dar lectura al informe anual se compara con el dinero que el gobierno ha gastado para promocionar una sola figura: la del gobernador Marco Antonio Adame Castillo. El ridículo y estéril pleito de llevarlo –A Adame--a la cámara a leer el documento es no solo el pretexto que evidencia la nula capacidad de operación de los olvidadizos legisladores del G-24 (los 15 del PRI y los nueve restantes) ha sido el pretexto arbitrario de gastar dinero que debieran usarse para programas sociales. Otra vez, el abuso desde la oficina de Comunicación Social ahora en manos de un inexperto pero hábil y obediente cortesano Carlos Tercero Solís, o los desplegados firmados bajo la responsabilidad de diversos secretarios en periódicos nacionales con cuotas centenarias en miles de pesos.

En una palabra: al pueblo de Morelos le ha salido “más caro el caldo que las albondigas”, bajo el argumento de la lucha diputados—gobernador.

Hicimos mención en su momento de los 116 millones de pesos en el 2008; dijimos que la nube de cambios llevaba como fin proteger a Javier López Sánchez y los cientos de millones (o miles de millones con lo del corretaje) que quedaron en sus bolsillos y una buena parte en la de otros funcionarios, incluidos los de mayor nivel burocrático que él –solamente hay uno: el mandatario). No ha sucedido nada. Como si el quitarlo del cargo solucionara el problema. Quizá creen el blindaje de los medios dados por los compromisos económicos, pero los diputados actuales ayer han recibido una tunda “con dirección”, no han sido ridiculizados “de a grapa” como dicen los chavos. Y siguen  en el limbo. Algunas columnas los evidencian, los han traído como canes apaleados desde el fin de semana y todo su presunto poderío es nulo por una razón simple: no se enteran, no saben leer entre líneas, no tienen quién los instruya o, de plano, aprenderán al paso de los meses.

Javier López Sánchez sigue operando. El cargo era ya un estorbo. El ha hecho valer los compromisos. Es lo que no entienden. Suelto, sin la atadura de la función, con las alforjas listas, el principal adversario de los legisladores y su real mayoría numérica, juega con ellos y sus estrategias de párvulos en materia de comunicación. López nunca se ha ido. Ahí está, gira instrucciones, mueve piezas, acerca la materia. Su tarea hoy es de mayor utilidad para el mismo gobernador, acorralado por los grupos panistas, agobiado por las torpezas de su principal colaborador, extenuado por la presión familiar para deshacerse de él. Hoy, tan lejos oficialmente pero tan cercano que su respiración se escucha al ladito, fuerte, el jefe del ejecutivo le ha encomendado una misión suprema a su más íntimo operador: la batalla contra el PRI y los cinco partidos que tienen mayoría en el Congreso.

         

Y con una gran ventaja de su parte: los 24 ni se enteran. Además, si Javier López fue un burdo comunicador oficial, los tres años le enseñaron a maniobrar perversamente. Y qué mejor desde la clandestinidad.

Para consuelo un organismo no olvida y exige cuentas, el Observatorio Ciudadano que hace años encabeza el tenaz Juan Ignacio Suárez Huape, que en una nota rescatada entre la oleada de gacetillas oficiales (investiguen cuánto gastaron, diputados, investiguen) en La Jornada Morelos firmada por el colega Raúl Morales Velázquez:

                                                                                                             

Investigar periodo de López Sánchez en Comunicación Social en gobierno estatal (Raúl Morales Velázquez).- El Observatorio por la Transparencia, a través de Ignacio Suárez Huape, solicitará se investigue de manera minuciosa el área de Comunicación Social del gobierno del estado en el periodo en el que Javier López Sánchez estuvo al frente. Asimismo, la asociación civil relacionado con la transparencia exigirá el adelgazamiento de la nomina en dicha instancia. En entrevista, el activista social consideró que tanto en los ámbitos estatal, municipal e incluso en el Poder Legislativo, “predomina el robo legalizado”, es necesario que desde el Observatorio por la Transparencia “estemos vigilantes que durante los próximos años se evite, como en su momento se hizo, el despilfarro, desvió de recursos, y el robo descarado”, Adelantó que buscará encausar el que los recursos sean para atender las necesidades sociales y no solo destacar la imagen del mandatario estatal. Informó que se presentará una denuncia ante las instancias correspondientes, para que se investigue el área de Comunicación Social del gobierno, principalmente en la época de López Sánchez. “Mientras estuvo al frente se presentó un derroche de recursos, para apoyar a su esposa, la candidata panista Adriana Vieyra, durante su campaña electoral para diputada local; fue un hecho escandaloso de impunidad y derroche de recursos al por mayor”. Se pedirá también el adelgazamiento de los gastos y la nomina en la misma área, debido a que ahí se concentra un gran número de personas que llegaron por “amiguismos y compadrazgos”; asimismo se reflejan gastos estratosféricos de hasta 200 millones de pesos, que bien podrían utilizarse para algún programa social.  Suárez Huape denunció que se han ido detectando diversas irregularidades que dejaron los integrantes de la pasada legislatura local, concretamente en el departamento de comunicación social. “Aun cuando todavía no nos hemos metido mucho a solicitar información, nos hemos enterado de que en el gasto (de esa área), la anterior administración se gastó todo, no dejo ni un peso para aplicar los famosos convenios que son legales y necesarios, no dejaron nada para los cuatro meses que faltan para finalizar el año”, concluyó el activista.

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