Impunidad
7 septiembre 09
Javier Jaramillo Frikas
Columna
Prohibido Prohibir
Cuando el representante del Partido Verde Ecologista, Javier Estrada, ponderó a Ricardo Rosas Pérez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, los que conocen los entretelones de inmediato advirtieron que el presidente magistrado había iniciado la celebración de acuerdos con los nuevos legisladores, no para perpetuarse en el cargo –que es imposible—si para lograr la impunidad en el momento que pierda el fuero. Rosas convirtió en un cochinero su entorno en el tribunal y logró lo que ninguno de sus antecesores en la historia de este órgano: sumar en contra al Foro Morelense.
De por sí desarticulado, limitado, Javier Estrada hasta volteó a ver a Rosas cuando lanzó la flor. Todo Morelos sabe que la familia del legislador por tercera ocasión ha estado inmersa décadas en litigios por tierras tanto legal como inapropiadamente. (Y recordamos a un viejo amigo, fallecido apenas, al que le preguntamos cuántos años tenía en ese ejercicio tan bonito. Nos contestó que cincuenta, y surgió por ahí Benito “El Camello”, otro bohemio, para hablar a nombre de todos: “¡…y cada día es más maje!”).
El mensaje estaba en el aire: Ricardo Rosas está enemistado política, social, personal y legalmente del gobernador Marco Adame y de la legislatura ida. Era el momento de ajustar cuentas, de darle montón al débil mandatario, de arroparse en los nuevos diputados y desafiar incluso dictados de la Suprema Corte de Justicia. Suponemos que Estrada y su partido observan a Ricardo Rosas con el interés de los juicios personales en trámite, que el propio diputado verde condiciona su permanencia en la alianza con el PRI a través del G-5 a que en conjunto apoyen a Rosas, al grado que cometen, todos, los 24 legisladores, torpezas que los evidencian: anunciaron enviar una “comisión de especialistas a la Suprema Corte de Justicia para que el Congreso de Morelos se desista del proceso de controversia constitucional que hay entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo del Estado”. Eso es improbable al tener una sentencia. No pueden desistirse. Podrían preguntar en la SCJN al respecto, aunque la sentencia la tienen en el propio Congreso. Lo más seguro es que Ricardo Rosas ha ofrecido varias cosas, digamos el apoyo en asesoría para el juicio político contra el gobernador Adame. No entendemos, entonces, porque los nuevos diputados se entregan sin conocimiento de con quién tratan, y se ponen ellos mismos en una posición débil.
Está bien su encono contra el mandatario, pero está mal que se alíen con personajes turbios, oscuros, con la sombra de corruptos como es el caso del guerrerense Ricardo Rosas Pérez –nació en la calle Guerrero, por Los Lavaderos, cerca del centro de Cuernavaca--, quien busca impunidad más que eternizarse en la redituable chamba.
Y entendemos mejor el contubernio Rosas—Diputados si hacemos caso al asunto de Fidel Demedicis y su problema en el estacionamiento de una tienda de autoservicio en compañía de una servidora del Poder Judicial que en cualquier momento amanecería como juez de lo familiar. Pago de favores, contubernios, odios en la misma dirección –hacia MAC—y vergüenzas propias y ajenas. Penosa la situación, bien vale a los flamantes legisladores que reflexionen, que hurguen donde puedan y conozcan a quién van a cubrir sus irregularidades brindándole el peaje hacia la impunidad.
Los diputados, finalmente, son empleados del pueblo y no se mandan solos. Abusados porque en pleno inicio ofrecen muestra de abusos. A tiempo de enmendar o de colocarles la lupa pública y todos se enteren de cuanto hacen, bueno y malo. Hasta el momento el grato sabor que tienen por el 5 de julio, lo traen ellos, porque los otros sectores sociales la sufren. No hagan que una prometedora legislatura de empantane cubriendo presuntos delincuentes. La credibilidad que apenas comienza a medirse puede tener consecuencias graves. Que el gobernador Adame se defienda con su aparato de lo que viene. Y que Ricardo Rosas no sorpresa a 24 legisladores por los intereses que tengan dos o tres de ellos. No abusen. Mejor, échenle un ojo al asunto, y este es un llamado a los diputados serios, que los hay entre la veintena y cacho del bloque con el PRI.
Y para colocarle un moño al tema, reproducimos la misiva pública que organismos de abogados envían a los señores diputados por Morelos:
CARTA ABIERTA
A LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.
P R E S E N T E.
Las instituciones se consolidan con el paso de los años y con la experiencia que en cada oportunidad aportan quienes las representan. La división de poderes, el respeto a la autonomía y la colaboración entre ellos son resultado de luchas añejas que aun siguen presentes pugnando por consolidar un Estado moderno, funcional, especializado y respetuoso del quehacer de los otros, sin que ello implique abandonarlos a su suerte o sojuzgarlos cuando el afán de poder envilezca a sus titulares, lo que la teoría moderna ha denominado pesos y contrapesos o equilibrio de poderes.
En ese orden de ideas, la reforma que la Quincuagésima Legislatura realizó a los artículos 89 y 92 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con el objetivo de acotar la duración en el ejercicio de la magistratura en el Tribunal Superior de Justicia, así como la forma de seleccionar a quienes deben asumir esa trascendente labor, ocasionó un conflicto de carácter legal entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo que fueresuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Juicio de Controversia Constitucional número 88/2008, en la que con fecha nueve de julio del año en curso, decretó esencialmente lo siguiente:
PRIMERO: Que la reforma a los artículos 89 y 92 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, realizada por el Constituyente Permanente es válida y se ajusta a las disposiciones de la Carta Magna.
SEGUNDO: Que el término “inamovilidad” en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, no es sinónimo de “vitalicio”, sino que implica el derecho a desempeñar esa función durante el tiempo que la ley establece, con autonomía y sin sujeción a otra autoridad, garantizándole que no será separado injustificadamente del cargo.
TERCERO: Que es válido establecer un término máximo de duración en el cargo de Magistrado por un período inicial de seis años y otro complementario de ocho años para favorecer la carrera judicial.
CUARTO: Que el Poder Judicial no tiene la facultad exclusiva de iniciar las reformas legislativas para determinar su estructuración o modificación.
QUINTO: Que la nueva forma de integrar el Consejo de la Judicatura es correcta, pues la integración de un representante del Poder Legislativo no implica intromisión de poderes.
SEXTO: Que el Congreso del Estado de Morelos no transgredió el principio de división de poderes al arrogarse la facultad de designar a los Magistrados que integran el Poder Judicial.
SEPTIMO: Que al acotar la duración en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Congreso Local no violó el principio de irretroactividad de la ley, pues no son trabajadores del estado con goce a la estabilidad, ya que al no existir en la Constitución Federal alguna prevención que impida su modificación, el lapso puede ser abreviado, sin que ello implique aplicación retroactiva en perjuicio ni la violación del principio de independencia e inamovilidad judicial.
En virtud que los puntos resolutivos antes citados fueron emitidos por la Suprema Corte de Justicia en Pleno con el voto de más de ocho Ministros, alcanzaron el rango de Jurisprudencia, lo que implica que se trata de criterios firmes y obligatorios.
No obstante lo anterior, hemos tenido conocimiento que en días anteriores, ustedes, señoras y señores Diputados, que apenas hace siete días asumieron el cargo de Representantes Populares, se han reunido con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Lic. Ricardo Rosas Pérez, quien exponiendo razones personales y no de representación de un Poder del Estado, les ha solicitado y convencido de dejar sin efecto las reformas constitucionales que ya fueron motivo de análisis por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo Pleno las declaró constitucionalmente válidas.
Es conveniente que antes de actuar tengan presente que la reforma a que nos referimos no fue producto de una decisión arbitraria o revanchista de los integrantes de la Legislatura pasada, sino de la suma de esfuerzos coordinados entre ciudadanos, abogados y autoridades que al evaluar el funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia y la forma en que se ha comportado su Presidente, Ricardo Rosas Pérez, quien ha convertido al Poder Judicial en un coto de poder con visión patrimonialista, que ha sostenido y encumbrado a sus incondicionales en perjuicio de la carrera judicial y de la administración de justicia pronta, completa e imparcial que tutela el artículo 17 de la Carta Magna, sumaron esfuerzos para que a través de la reforma a la Constitución Local se frenaran esas actitudes y se liberara al Poder Judicial del cacicazgo de su Presidente.
Señoras y señores Diputados, es importante que antes de tomar una decisión que nuevamente impacte nuestra constitución, valoren el desempeño de quien les pide la contra reforma y actúen con responsabilidad en defensa de los intereses de la sociedad, propiciando condiciones de estabilidad y gobernabilidad que permitan un desarrollo institucional óptimo del Poder Judicial, consolidando su renovación periódica como signo de la democracia que aplica en los otros dos poderes.
Es conveniente advertir que en caso de llevar a cabo una contra reforma a las disposiciones avaladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ustedes, señoras y señores Diputados, podrían incurrir en responsabilidad en términos del artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
No a la contra reforma constitucional del Poder Judicial del Estado de Morelos.
No a la perpetuación en el cargo de Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
No a las reformas legislativas para favorecer a personas específicas.
A T E N T A M E N T E
CARLOS DE LA ROSA SEGURA
BARRA DE ABOGADOS DEL ESTADO DE MORELOS A.C.
ENRIQUE PAREDES SOTELO
COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO DE MORELOS
CIPRIANO SOTELO
ASOCIACIÓN DE PENALISTAS DEL ESTADO A.C.
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